Ellas no están muertas: han vuelto a florecer en mi corazón.
El 5 de agosto de 1939, el régimen fascista del dictador Francisco Franco Bahamonde fusiló en Madrid, España, a trece mujeres que militaban en las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU).
Luego que el ejército franquista ocupara el territorio madrileño y terminara la Guerra Civil Española, las féminas agrupadas en las Juventudes Socialistas Unificadas intentaron reorganizarse clandestinamente, bajo la dirección de José Pena Brea, quien fue detenido, torturado y obligado a ofrecer información y nombres de quienes secretamente luchaban contra la dictadura franquista.
Entre quienes luchaban contra el régimen franquista estaban Carmen Barrero Aguado, Martina Barroso García, Blanca Brisac Vázquez, Pilar Bueno Ibáñez, Julia Conesa Conesa, Adelina García Casillas, Elena Gil Olaya, Virtudes González García, Ana López Gallego, Joaquina López Laffite, Dionisia Manzanero Salas, Victoria Muñoz García y Luisa Rodríguez de la Fuente, que tras su fusilamiento fueron conocidas como las Trece Rosas Rojas.
Las trece mujeres, cuyas edades oscilaban entre 18 años y 29 años, fueron detenidas y llevadas a instalaciones policiales, donde fueron torturadas, tras lo cual quedaron recluidas en la cárcel de mujeres de Ventas.
El 4 de agosto de 1939 se celebró el primer consejo de guerra sumarísimo en Madrid, donde fueron condenados a muertes 65 personas, todos miembros de las Juventudes Socialistas Unificadas y 13 de ellos conocidas como las Trece Rosas Rojas, al ser acusados de cometer actos delictivos contra el orden social y jurídico de España y condenados por adhesión a la rebelión.
La gran parte de los fusilamientos, incluso la de las Trece Rosas Rojas, se dieron en horas de la madrugada del 5 de agosto de 1939, junto a la tapia del cementerio de la Almudena de Madrid.
Durante los 39 años en el poder, Franco instauró una dictadura fascista, caracterizada por la represión contra el movimiento popular y su apoyo a la Alemania nazi.
Organismos defensores de derechos humanos han denunciado la desaparición de alrededor de 114.000 personas solamente entre 1936 y 1951.
La falta de castigo a quienes perpetraron estos crímenes durante el franquismo ha estado amparado por la Ley de Amnistía de 1977, que el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzosas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha pedido dejar sin efecto.
Este grupo de la ONU recuerda que las desapariciones forzosas son crímenes de lesa humanidad y por lo tanto no prescriben; no obstante, España se niega a tipificar estas acciones como tal y los considera delitos de derecho común que pueden prescribir.
