El Estado narco-minero-militar le ha declarado la guerra a la provincia de Islay. 

En efecto, Ollanta Humala ha ordenado el envío de la Fuerza Armada a dicha provincia para imponer a sangre y fuego el proyecto minero de Tía María, pese a la masiva oposición popular de los agricultores arequipeños.

En nuestro país, las mineras tienen todos los derechos, pero la Naturaleza y los agricultores no tienen ninguno. ¿Cuántos campesinos más serán muertos y sacrificados en el altar de las inversiones mineras?

Una cosa es inversión y otra muy distinta es saqueo de nuestros recursos naturales. Además, nuestra Constitución establece que el derecho a la vida está por encima del derecho al lucro.

Para llevar adelante el actual y criminal modelo económico neoliberal en crisis, se precisa también CRIMINALIZAR la protesta popular y contar con una policía y Fuerza Armada brutalizadas y zoológicas.

Sin embargo, esta violencia y terrorismo estatal no se emplea en contra de los sicarios y narcotraficantes que son mas bien indultados. Y eso se debe a que la COCAÍNA y la MINERÍA son en la actualidad las dos principales fuentes de financiamiento de nuestros políticos de derecha.

¿Perú país minero? Tenemos 500 años de actividad minera y 12 mil años de actividad agrícola.

Por lo mismo, no seamos imbéciles y cuidemos nuestra SEGURIDAD ALIMENTARIA.